La inteligencia artificial dejó de ser una tendencia tecnológica para convertirse en un instrumento de política económica, competitividad y soberanía nacional. Con la publicación del Plan Nacional de Inteligencia Artificial (PNIA), el Gobierno de México presenta una visión de largo plazo que busca posicionar al país como un desarrollador de capacidades tecnológicas propias y no únicamente como consumidor de soluciones extranjeras.

¿Por qué las empresas deben fortalecer su arquitectura jurídica antes de que aparezcan los conflictos? La seguridad jurídica constituye uno de los activos intangibles más valiosos para cualquier organización. No solo determina la confianza de inversionistas, clientes y socios comerciales, sino que también influye directamente en la capacidad de las empresas para planear inversiones de largo plazo, administrar riesgos y ejecutar contratos con certidumbre.

Durante más de un siglo, el éxito empresarial estuvo determinado por factores relativamente estables: acceso al capital, capacidad de producción, eficiencia operativa y expansión comercial. Sin embargo, esa fórmula está perdiendo vigencia a una velocidad sin precedentes.

La propiedad industrial se ha convertido en uno de los activos estratégicos más valiosos para las empresas. Marcas, patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas, secretos industriales y activos tecnológicos representan hoy una parte sustancial del valor de mercado de organizaciones de todos los tamaños.

Durante 2026, México ha experimentado una de las transformaciones más relevantes en materia de propiedad intelectual de los últimos años. Las recientes reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) no sólo actualizan el marco jurídico nacional, sino que responden a fenómenos que hasta hace poco parecían futuristas: inteligencia artificial generativa, clonación de voz, creación automatizada de contenidos, publicidad digital hipersegmentada y nuevas formas de protección de activos intangibles.

En un entorno económico donde la velocidad de respuesta y la reducción de cargas administrativas se han convertido en factores estratégicos para la competitividad, las recientes acciones de simplificación implementadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en materia del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) representan una evolución relevante para miles de empresas mexicanas.

En agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un caso histórico (Amparo Directo 6/2025) que redefine el alcance de la propiedad intelectual en México:

“las obras creadas exclusivamente por inteligencia artificial no pueden registrarse como derechos de autor.”

Este criterio establece un precedente clave para el ecosistema empresarial, creativo y tecnológico, obligando a replantear la manera en que se generan, protegen y monetizan los activos intangibles en la economía digital.

El turismo comunitario dejó de ser una propuesta periférica para convertirse en una ruta estratégica de desarrollo local. En un entorno donde los viajeros valoran cada vez más la autenticidad, la trazabilidad cultural, el impacto positivo y la conexión con el territorio, los proyectos comunitarios tienen una ventaja que difícilmente puede copiarse: conocimiento vivo, patrimonio biocultural y capacidad de generar experiencias con identidad.

En México, hablar de talleres artesanales no es hablar de un sector marginal ni decorativo. Es hablar de miles de unidades productivas que sostienen economías familiares, preservan identidad cultural, generan empleo local y aportan valor real a cadenas productivas vinculadas con turismo, comercio, diseño, gastronomía y consumo cultural. En términos económicos, las artesanías son una de las actividades con mayor peso dentro del sector cultural del país: en 2023 representaron 19.1 % del PIB de la cultura, colocándose entre las áreas de mayor contribución dentro de ese universo económico.

En un mercado saturado de productos importados, competencia por precio y consumidores cada vez más interesados en el origen de lo que compran, las MIPYMES mexicanas tienen una ventaja que muchas veces no están aprovechando estratégicamente: el valor del origen.

Ese valor hoy está respaldado por una herramienta oficial de alto impacto: la marca de certificación “Hecho en México”, administrada por la Secretaría de Economía.

Más que un logotipo, este distintivo es un instrumento de posicionamiento comercial, confianza del consumidor y diferenciación competitiva.

Lejos de ser un concepto exclusivo de grandes corporativos, el Compliance se ha convertido en una herramienta estratégica para proteger la reputación corporativa, fortalecer la operación y garantizar la continuidad del negocio, especialmente para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en México.

El pasado 19 de enero de 2026, México dio un paso decisivo hacia la sostenibilidad y la competitividad con la promulgación de la Ley General de Economía Circular (LGEC). Este nuevo cuerpo normativo no solo redefine obligaciones ambientales: también reconfigura las reglas del juego para las empresas que buscan crecer en un mercado global cada vez más exigente en términos de perfiles de sostenibilidad, eficiencia en recursos y valor compartido.