En un mercado saturado de productos importados, competencia por precio y consumidores cada vez más interesados en el origen de lo que compran, las MIPYMES mexicanas tienen una ventaja que muchas veces no están aprovechando estratégicamente: el valor del origen.

Ese valor hoy está respaldado por una herramienta oficial de alto impacto: la marca de certificación “Hecho en México”, administrada por la Secretaría de Economía.

Más que un logotipo, este distintivo es un instrumento de posicionamiento comercial, confianza del consumidor y diferenciación competitiva.

Lejos de ser un concepto exclusivo de grandes corporativos, el Compliance se ha convertido en una herramienta estratégica para proteger la reputación corporativa, fortalecer la operación y garantizar la continuidad del negocio, especialmente para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en México.

El pasado 19 de enero de 2026, México dio un paso decisivo hacia la sostenibilidad y la competitividad con la promulgación de la Ley General de Economía Circular (LGEC). Este nuevo cuerpo normativo no solo redefine obligaciones ambientales: también reconfigura las reglas del juego para las empresas que buscan crecer en un mercado global cada vez más exigente en términos de perfiles de sostenibilidad, eficiencia en recursos y valor compartido.