Durante 2026, México ha experimentado una de las transformaciones más relevantes en materia de propiedad intelectual de los últimos años. Las recientes reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) no sólo actualizan el marco jurídico nacional, sino que responden a fenómenos que hasta hace poco parecían futuristas: inteligencia artificial generativa, clonación de voz, creación automatizada de contenidos, publicidad digital hipersegmentada y nuevas formas de protección de activos intangibles.

En un entorno económico donde la velocidad de respuesta y la reducción de cargas administrativas se han convertido en factores estratégicos para la competitividad, las recientes acciones de simplificación implementadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en materia del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) representan una evolución relevante para miles de empresas mexicanas.

En agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un caso histórico (Amparo Directo 6/2025) que redefine el alcance de la propiedad intelectual en México:

“las obras creadas exclusivamente por inteligencia artificial no pueden registrarse como derechos de autor.”

Este criterio establece un precedente clave para el ecosistema empresarial, creativo y tecnológico, obligando a replantear la manera en que se generan, protegen y monetizan los activos intangibles en la economía digital.