¿Mayor certeza jurídica o mayores exigencias para las empresas?

La propiedad industrial se ha convertido en uno de los activos estratégicos más valiosos para las empresas. Marcas, patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas, secretos industriales y activos tecnológicos representan hoy una parte sustancial del valor de mercado de organizaciones de todos los tamaños.

En este contexto, el 28 de abril de 2026 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (RLFPPI), instrumento que sustituye al reglamento de 1994 y establece nuevas reglas para la operación del sistema mexicano de propiedad industrial.

La nueva regulación busca armonizar la práctica administrativa con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial vigente desde 2020, incorporando procedimientos digitales, nuevas figuras jurídicas y mecanismos de protección más robustos para los titulares de derechos.

Sin embargo, también impone mayores obligaciones de cumplimiento para empresas, emprendedores, despachos jurídicos y titulares de registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Un nuevo paradigma de cumplimiento

Uno de los principales objetivos del reglamento es dotar de mayor certeza jurídica a los procedimientos ante el IMPI.

La nueva normativa establece que cada trámite deberá presentarse en expedientes independientes y referirse a actos específicos, limitando significativamente la posibilidad de agrupar promociones o solicitudes diversas en un mismo escrito. Esta medida pretende reducir ambigüedades procesales y facilitar la gestión administrativa de los expedientes.

Desde la perspectiva empresarial, esto implica la necesidad de fortalecer los controles internos para la administración de portafolios de propiedad industrial, especialmente en organizaciones que gestionan múltiples marcas, patentes o contratos tecnológicos.

Digitalización obligatoria: una oportunidad y un riesgo

Uno de los ejes centrales del reglamento es la consolidación del expediente electrónico. Los documentos presentados mediante medios digitales tendrán la misma eficacia jurídica que aquellos firmados autógrafamente, mientras que los expedientes podrán integrarse, consultarse y administrarse de manera electrónica. Asimismo, el sistema operará de forma permanente durante todo el año.

No obstante, esta transformación tecnológica genera nuevos riesgos de cumplimiento. Las notificaciones electrónicas podrán surtir efectos incluso cuando el usuario no consulte oportunamente el sistema, lo que obliga a las empresas a implementar protocolos internos de monitoreo permanente de sus expedientes y buzones electrónicos.

En términos prácticos, la omisión de revisar una notificación podría traducirse en la pérdida de plazos procesales, requerimientos o incluso derechos.

El fortalecimiento de la protección de marcas

El reglamento incorpora reglas específicas para las denominadas marcas no tradicionales. A partir de esta regulación, adquieren un marco procedimental más claro las marcas sonoras, olfativas, de posición y multimedia, ampliando las posibilidades de protección para estrategias modernas de branding y marketing experiencial.

Asimismo, se formaliza el reconocimiento de la denominada distintividad adquirida, permitiendo que signos inicialmente débiles o descriptivos puedan obtener protección si se demuestra que el mercado los identifica inequívocamente con un origen empresarial específico. Para ello podrán utilizarse pruebas como publicidad, estudios de mercado, posicionamiento digital y evidencia comercial.

Esta disposición resulta particularmente relevante para pequeñas y medianas empresas que han logrado consolidar signos distintivos mediante el uso constante y prolongado.

Protección reforzada del patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales

Uno de los aspectos más innovadores del reglamento es la protección otorgada a los elementos del patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales. La normativa establece que no podrán registrarse signos que reproduzcan o se vinculen con expresiones culturales, conocimientos tradicionales o elementos patrimoniales de pueblos indígenas y afromexicanos, salvo que la solicitud sea presentada por integrantes de dichas comunidades y cuenten con la autorización correspondiente. Esta disposición tiene especial relevancia para sectores como:

• Turismo comunitario.
• Artesanías.
• Gastronomía tradicional.
• Productos regionales.
• Industrias creativas.

La medida fortalece la protección jurídica frente a fenómenos de apropiación indebida del patrimonio cultural y representa un avance importante en materia de reconocimiento de derechos colectivos.

Patentes y tecnología: mayor rigor documental

En materia de patentes, el reglamento introduce requisitos adicionales relacionados con el derecho de prioridad y la divulgación previa de las invenciones. Los solicitantes deberán acreditar adecuadamente los pagos correspondientes al derecho de prioridad y proporcionar información relativa a la divulgación previa de la invención cuando ésta exista. El incumplimiento de estos requisitos puede generar consecuencias procesales relevantes.

Por otra parte, se incorporan disposiciones sobre certificados complementarios para determinados casos en los que existan retrasos atribuibles a la autoridad durante la tramitación de patentes, fortaleciendo la protección de la innovación tecnológica.

Nuevas reglas para la transferencia de tecnología

El reglamento crea un esquema más estructurado para la inscripción de instrumentos relacionados con la transferencia de tecnología. Podrán registrarse contratos de licencia, cesiones de derechos, acuerdos de confidencialidad, colaboración tecnológica, investigación y otros instrumentos vinculados con la explotación de activos intangibles.

Para las empresas, esto representa una oportunidad para fortalecer la seguridad jurídica en operaciones tecnológicas, fusiones, adquisiciones y procesos de innovación abierta.

Infracciones y vigilancia digital

Uno de los cambios más relevantes para el entorno empresarial es la ampliación de las facultades de inspección y vigilancia. Las investigaciones por infracciones podrán abarcar medios digitales, sitios web, perfiles en redes sociales y otros entornos electrónicos. Además, se prevé la posibilidad de ordenar medidas provisionales relacionadas con el bloqueo o remoción de contenidos digitales vinculados con posibles violaciones a derechos de propiedad industrial.

Esto obliga a las empresas a revisar permanentemente:

• Uso de marcas en medios digitales.
• Publicidad en línea.
• Comercio electrónico.
• Licenciamiento de contenidos.
• Gestión de marketplaces.

La propiedad industrial deja de ser un tema exclusivamente jurídico para convertirse en una materia de cumplimiento corporativo transversal.

Conciliación: una alternativa para resolver controversias

El reglamento incorpora mecanismos de conciliación dentro de determinados procedimientos de infracción. Estos procedimientos podrán desarrollarse de forma presencial o mediante herramientas digitales, bajo principios de voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad y buena fe. Los acuerdos alcanzados tendrán efectos vinculantes para las partes una vez formalizados. La medida podría contribuir significativamente a reducir costos, tiempos y cargas procesales para las empresas involucradas en controversias de propiedad industrial.

El nuevo Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial representa una de las reformas regulatorias más importantes en la materia durante las últimas décadas. Su enfoque privilegia la digitalización, la protección de la innovación, la defensa de los conocimientos tradicionales y la certeza jurídica en los procedimientos administrativos.

Sin embargo, también incrementa las exigencias de cumplimiento para los titulares de derechos. La gestión adecuada de notificaciones electrónicas, la vigilancia de activos intangibles, la documentación de procesos y la implementación de programas de compliance en propiedad industrial serán factores determinantes para evitar contingencias legales y aprovechar plenamente las ventajas del nuevo marco normativo.

En un entorno económico donde los activos intangibles generan cada vez más valor, la propiedad industrial deja de ser una función reactiva y se consolida como un elemento esencial de la estrategia corporativa y de la gobernanza empresarial.