El pasado 18 de noviembre de 2020, inició operaciones el CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL (CFCRL), dando paso el nuevo modelo de justicia laboral en nuestro país, al que se integran 8 entidades federativas. En consecuencia, a partir de esa fecha en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de Mexico, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas cerrarán las Juntas de Conciliación. El primero de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma laboral en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva; ahí se establece que en un plazo máximo de 4 años deben de estar en operaciones todos los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación.

Estos son los ejes rectores de este nuevo modelo de Justicia Laboral:

– Justicia Laboral. El cambio inicia desde quien imparte justicia, con la creación de Tribunales laborales especializados dependientes del Poder Judicial. Los juicios serán orales, ágiles, modernos, expeditos y en presencia de un juez. Antes de demandar, será necesario buscar una solución a los conflictos laborales por medio de la conciliación prejudicial. De conformidad con los artículos 684 A – E y 870 al 891 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

– Democracia sindical. Los trabajadores afiliados a una organización sindical podrán emitir el voto personal, libre, directo y secreto para la elección de su directiva, para conocer y aprobar sus contratos colectivos de trabajo, entre otros procesos democráticos. No más sindicatos simulados.

– Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Parte de esta transformación es la creación de un nuevo órgano que, además de llevar los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, vigilará que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores, a través de procesos libres y democráticos. El Centro también se encargará de la conciliación a nivel federal. En ese mismo sentido, el Centro Laboral será un organismo público descentralizado, sectorizado a la STPS, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Estará a cargo de la función conciliatoria de jurisdicción federal, así como del registro nacional de sindicatos, contratos colectivos, contratos-ley y reglamentos interiores de trabajo. Además, verificará los procesos de democracia sindical y emitirá la “Constancia de Representatividad” para la celebración de un contrato colectivo inicial.

Para garantizar su independencia y autonomía, tendrá una Junta de Gobierno integrada por la STPS; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); el Instituto Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).